Biden vs. Texas: Un enfrentamiento legal en la frontera sur

Texas vuelve a aparecer en los titulares nacionales después de que una mujer y dos niños se ahogaron en el río  Bravo mientras intentaban cruzar el río el 12 de enero. El horrible evento es solo el último de una larga serie  de disputas cada vez más intensas sobre cómo abordar la inmigración a lo largo de la frontera entre Texas y México y un sombrío recordatorio de las consecuencias mortales de nuestro fallido sistema de inmigración.

Apenas una semana antes del trágico ahogamiento, el gobernador de Texas, Abbott, reiteró su postura antiinmigrante durante una entrevista radial, afirmando que la única acción que el estado no está tomando es "disparar a las personas que Cruzan la frontera”. Citó preocupaciones sobre los cargos de asesinato de la administración Biden. Abbott se explayó sobre las acciones del estado a lo largo de la frontera al promocionar la aprobación del acaloradamente debatido Proyecto de Ley 4 del Senado o "proyecto de ley de entrada indebida".

¿Qué es la SB 4?

El gobernador Abbott promulgó la ley SB 4 durante un viaje a la frontera entre Texas y México el 18 de diciembre. Entre otras medidas, la ley permite que los agentes de policía de Texas detengan y arresten a personas sospechosas de ingresar a los EE. UU. sin autorización.

A pesar de convertirse en ley, la SB 4 fue impopular entre algunos legisladores de Texas. El senador republicano Birdwell, que había patrocinado versiones anteriores del proyecto de ley, finalmente creyó que la SB 4 violaba la Constitución de los Estados Unidos.

El debate en torno al proyecto de ley mostró el profundo malentendido que muchos senadores de Texas tienen sobre la ley de asilo de Estados Unidos y las interacciones a lo largo de la frontera sur. Terminó con el senador Birdwell de pie frente a sus colegas dando un apasionado discurso citando la Constitución de los Estados Unidos, enfatizando que "todo el poder y la responsabilidad de la inmigración se delega al gobierno federal". Criticó a sus colegas por apoyar la "ganancia de mensajes a corto plazo" durante un año electoral, en lugar de su juramento al cargo.

Más de un centenar de organizaciones, incluyendo el Consejo Americano de Inmigración, firmaron una declaración conjunta que describía los problemas legales y humanitarios con la SB 4 e instaba al gobernador Abbott a no firmar el proyecto de ley. Además, treinta ex jueces de inmigración y de apelaciones emitieron una declaración explicando que la SB 4 es ilegal.

Demandas contra la SB 4

El gobierno federal y los defensores de la inmigración no se han quedado de brazos cruzados mientras Texas intenta crear su propio sistema de inmigración.

El 19 de diciembre, el día después de que el gobierno Abbott firmara la ley, dos proveedores de servicios legales y el Condado de El Paso demandaron a funcionarios de Texas en un tribunal federal de Texas para evitar que hicieran cumplir la ley.

Luego, el 28 de diciembre, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) envió una carta al gobernador Abbott advirtiéndole que la SB 4 viola la Constitución de los Estados Unidos. El Departamento de Justicia informó que demandaría a menos que el gobernador prometiera no hacer cumplir la ley antes del 3 de enero.

No hace falta decir que el gobernador Abbott no hizo esa promesa y el 3 de enero, el gobierno federal presentó su propiademanda para detener la ley.

Ambas demandas argumentan que la SB 4 viola la Cláusula de Supremacía de la Constitución de Estados Unidos, que dice que los estados deben seguir la ley federal como "la ley suprema del país". El Congreso ha promulgado un complejo sistema legal que establece, entre otras cosas, las sanciones apropiadas por ingresar ilegalmente a los Estados Unidos, los motivos para expulsar a un no ciudadano que ya se encuentra en los Estados Unidos y los derechos de alguien que enfrenta la deportación, incluido el derecho a impugnar la expulsión y a buscar protección contra la persecución.

En un caso llamado Arizona v. United States, la Corte Suprema dejó en claro que la ley federal de inmigración "se adelanta" o impide cualquier esquema estatal de aplicación de la ley de inmigración.

La SB 4 es descaradamente ilegal bajo estos principios bien establecidos. El Departamento de Justicia explica cómo la SB 4 socava las operaciones de inmigración y las relaciones exteriores del gobierno federal. Su demanda incluye una larga lista de preocupaciones, que incluyen:

• Socavar la capacidad del gobierno federal para hacer cumplir la ley federal de inmigración. La SB 4 pide deportar a los no ciudadanos antes de que el gobierno federal pueda examinarlos y procesarlos, y resulta en una orden de deportación emitida por el estado que no cumple con la ley federal y no puede ser aplicada por el gobierno federal.

• Interfiriendo en la importante y compleja relación de Estados Unidos con México. La SB 4 requiere que los funcionarios de Texas deporten a los ciudadanos no mexicanos a México, un plan al que el gobierno mexicano se opone. Un enfrentamiento entre Texas y México socava la relación diplomática del gobierno federal con un vecino importante.

• Impedir que Estados Unidos cumpla con sus obligaciones en virtud de tratados y violar la ley federal de inmigración que protege a las personas que huyen de la persecución o la tortura. La SB 4 requiere la expulsión de no ciudadanos sin darles la oportunidad de solicitar asilo u otras formas de protección. Pero Estados Unidos es parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y ha promulgado leyes que prohíben deportar a una persona a un país donde es probable que sea torturada o perseguida.

Ambas demandas se encuentran en sus primeras etapas. Queda por ver qué hará el tribunal federal de distrito, y es casi seguro que la parte perdedora apelará ante el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de los Estados Unidos. El fiscal general de Texas, Paxton, ha dicho que quiere impugnar la decisión de la Corte Suprema en Arizona. Este puede ser otro caso en el que el máximo tribunal tenga la última palabra en un caso que enfrenta a Texas contra Estados Unidos.

Hay mucho en juego. Si se permite que se mantenga, otros estados podrían establecer sus propios esquemas de aplicación de la ley de inmigración, dividiendo el ya complejo sistema de inmigración y dando lugar a arrestos y deportaciones generalizadas sin protecciones federales clave.