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Casi un millón de habitantes de Oklahoma sufren de un trastorno de salud mental

Casi un millón de habitantes de Oklahoma sufren de un trastorno de salud mental

Casi un millón de habitantes de Oklahoma sufren de un trastorno de salud mental


OKLAHOMA CITY – El Comité de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes se reunió en el Capitolio del Estado el lunes por la mañana para conocer la correlación entre la prevalencia de servicios de salud mental de calidad y la frecuencia de la intervención policial.

El estudio, IS21-035, fue una solicitud bipartidista del representante Randy Randleman, R-Eufaula, y el representante Collin Walke, D-Oklahoma City.

Randleman, un psicólogo con licencia, dijo que el estudio tenía dos propósitos: primero, establecer que Oklahoma necesita más unidades de crisis de salud mental y segundo, ayudar a las fuerzas del orden a reconocer cuando un individuo está lidiando con un trastorno de salud mental.

"Casi un millón de habitantes de Oklahoma sufren de un trastorno de salud mental, por lo que este es un tema que es realmente crítico en nuestro estado", dijo Randleman. "Queremos asegurarnos de que estas personas sean tratadas con dignidad mientras se encuentran en medio de una crisis de salud mental y que sean colocadas en un área de tratamiento que pueda brindarles la ayuda que necesitan".

"Hemos sabido durante mucho tiempo que las personas con problemas de salud mental están encarceladas de manera desproporcionada", dijo Walke. "Es por eso que estoy orgulloso de trabajar de manera bipartidista con el representante Randleman para explorar formas innovadoras de ayudar a las personas que necesitan tratamiento de salud mental a evitar el encarcelamiento, al mismo tiempo que se garantiza la seguridad pública".

Carrie Slatton-Hodges, Comisionada de Salud Mental y Servicios de Abuso de Sustancias de Oklahoma, le dijo al comité sobre el proceso en curso para implementar un número de teléfono fácilmente memorable para que las personas llamen durante una emergencia psiquiátrica.

"El 1 de julio de 2022, tendremos un número nacional para emergencias psiquiátricas", dijo Slatton-Hodges.

El número, 988, se conectará a un centro de llamadas en todo el estado atendido por profesionales de la salud conductual con licencia que pueden evaluar la crisis y determinar qué pasos se deben tomar a continuación, así como programar una cita el mismo día o al día siguiente.

La jueza especial del Tribunal de Salud Mental del Condado de Tulsa, Kirsten Pace, explicó la diferencia entre el sistema de tribunales civiles de salud mental y otros tribunales especializados. Dijo que el condado de Tulsa tiene un promedio de alrededor de 1,000 casos de salud mental de compromiso civil al año.

"Con el expediente diario de salud mental civil, nos estamos enfocando principalmente en pacientes o encuestados que están lo suficientemente enfermos con sus síntomas psiquiátricos como para requerir un compromiso involuntario civil para pacientes hospitalizados para el tratamiento", dijo Pace.

Cathy Costello, una defensora de la reforma de la salud mental, compartió la historia de su familia y la lucha de su hijo con la enfermedad mental.

"Ninguna familia, en este estado o en cualquier otro estado, debería tener que pasar por lo que nosotros pasamos", dijo Costello.

Costello explicó el valor del tratamiento ambulatorio asistente (AOT), que es la práctica de brindar tratamiento ambulatorio bajo orden judicial a adultos con enfermedades mentales graves que cumplen con criterios específicos. Dijo que AOT está disponible en los condados de Canadá, Pottawatomie, Kay, Payne, Mayes, Tulsa y Oklahoma.

Costello también habló sobre la importancia de la capacitación en intervención en crisis (CIT) para los oficiales de policía.

"Estoy abrumado, impresionado y conmovido por la cantidad de oficiales de policía que quieren ayudar a esas personas en una crisis de salud mental", dijo Costello. "Y te digo que cuando tienes a alguien que sostiene un cuchillo o un arma que te está amenazando, a un miembro de la familia o a otra persona, necesitas que la policía intervenga. Sucede".

El sheriff del condado de Haskell, Tim Turner, habló sobre el impacto de la decisión McGirt v. Oklahoma.

"Ahora tenemos que enviar a esas personas a la corte tribal", dijo Turner. "El tribunal tribal no está establecido ni el tribunal tribal tiene el conocimiento de lo que estamos viendo con estas personas que sufren de enfermedades mentales y con el tribunal tribal los delincuentes entienden que no les va a pasar nada, por lo que no les afecta continuar reincidiendo. Así que eso quita una gran parte de nuestros dientes de lo que hacemos".

Turner dijo que alrededor del 60% de los residentes del condado de Haskell son miembros tribales.

El sheriff del condado de Tulsa, Vic Regalado, quien se unió al Departamento de Policía de Tulsa en 1993, habló sobre el papel de la policía en las crisis de salud mental.

"Las enfermedades mentales a menudo resultan en un círculo vicioso de pobreza, falta de vivienda y encarcelamiento", dijo Regalado, y agregó: "Las cárceles son el mayor proveedor de salud mental en el país".

Donna Frick, miembro de la junta de National Alliance on Mental Illness (NAMI) Tulsa, habló sobre la lucha de su familia para acceder a los servicios de enfermedades mentales para su hijo.

"No debería ser una batalla para obtener atención para su hijo o su ser querido en este estado", dijo Frick.

Después del estudio, Randleman y Walke expresaron su compromiso de continuar trabajando para garantizar una mejor atención para los habitantes de Oklahoma que sufren de enfermedades mentales y considerarán la redacción de una legislación para abordar algunos de estos problemas.

ENGLISH

Nearly one million Oklahomans suffer from a mental health disorder

OKLAHOMA CITY – The House Public Safety Committee met at the State Capitol on Monday morning to learn about the correlation between the prevalence of quality mental health services and the frequency of law enforcement intervention.

The study, IS21-035, was a bipartisan request from Rep. Randy Randleman, R-Eufaula, and Rep. Collin Walke, D-Oklahoma City.

Randleman, a licensed psychologist, said the study had two purposes: first, to establish that Oklahoma needs more mental health crisis units and second, to help law enforcement recognize when an individual is dealing with a mental health disorder.

“Nearly one million Oklahomans suffer from a mental health disorder, so this is a topic that is really critical in our state,” Randleman said. “We want to ensure that these people are treated with dignity while in the throes of a mental health crisis and that they are placed in a treatment area that can get them the help they need.”

“We have known for a long time that individuals with mental health issues are disproportionately incarcerated,” Walke said. “That is why I am proud to work in a bipartisan fashion with Rep. Randleman to explore innovative ways to help individuals in need of mental health treatment avoid incarceration, while at the same time ensuring public safety.”

Carrie Slatton-Hodges, Oklahoma Commissioner of Mental Health and Substance Abuse Services, told the committee about the ongoing process to implement an easily memorable phone number for people to call during a psychiatric emergency.

“On July 1, 2022, we will have a nationwide number for psychiatric emergency,” Slatton-Hodges said.

The number, 988, will connect to a statewide call center staffed by licensed behavioral health professionals who can assess the crisis and determine what steps should be taken next, as well as schedule a same day or next day appointment.

Tulsa County Mental Health Court Special Judge Kirsten Pace explained the difference between the civil mental health court system and other specialty courts. She said that Tulsa County averages around 1,000 civil commitment mental health cases a year.

“With the daily civil mental health docket, we’re primarily focusing on patients or respondents who are ill enough with their psychiatric symptoms that they require inpatient civil involuntary commitment for treatment,” Pace said.

Cathy Costello, an advocate for mental health reform, shared her family’s story and her son’s struggle with mental illness.

“No family, in this state or any other state, should have to go through what we went through,” Costello said.

Costello explained the value of assistant outpatient treatment (AOT), which is the practice of delivering outpatient treatment under court order to adults with severe mental illness who meet specific criteria. She said AOT is available in Canadian, Pottawatomie, Kay, Payne, Mayes, Tulsa and Oklahoma counties.

Costello also spoke about the importance of crisis intervention training (CIT) for police officers.

“I am overwhelmed and impressed and touched by the number of police officers who want to help those individuals in a mental health crisis," Costello said. "And I’m telling you when you have somebody who’s holding a knife or a gun who is threatening you, a family member, or someone else, you do need police to intervene. It happens.”

Haskell County Sheriff Tim Turner spoke on the impact of the McGirt v. Oklahoma decision.

“We now have to send those individuals to tribal court," Turner said. "Tribal court is not set up nor does tribal court have the knowledge of what we’re seeing with these folks who suffer from mental illness and with tribal court the offenders understand that there’s nothing going to happen to them so it doesn’t affect them to continue to reoffend. So that takes a big portion of our teeth out of what we do.”

Turner said about 60% of Haskell County residents are tribal members.

Tulsa County Sheriff Vic Regalado, who joined the Tulsa Police Department in 1993, talked about the role of law enforcement in mental health crises.

“Mental illness often results in a vicious cycle of poverty, homelessness, and incarceration,” Regalado said, adding: “Jails are the largest provider of mental health in the country.”

Donna Frick, a board member for National Alliance on Mental Illness (NAMI) Tulsa, spoke on her family’s struggle to access mental illness services for her son.

“It should not be a battle to get care for your child or your loved one in this state,” Frick said.

Following the study, Randleman and Walke expressed a commitment to continue working across the aisle to ensure better care for Oklahomans suffering from mental illness and will consider drafting legislation to address some of these issues.

 

 

 

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