Fallo de la corte amplía trato desigual a solicitantes de asilo

Eagle Pass, Texas (AP) — Mientras se ponía el sol sobre el Río Bravo, unos 120 cubanos, colombianos y venezolanos que habían vadeado el río con el agua hasta la cadera subieron a a vehículos de la Patrulla Fronteriza, poco antes de ser liberados en Estados Unidos para tramitar sus casos de inmigración.

Al otro lado de la frontera, en la localidad mexicana de Piedras Negras, familias hondureñas se mantenían juntas en una zona céntrica con veredas agrietadas, calles estrechas y poca gente, sin tener claro dónde pasar la noche porque el único refugio de la ciudad estaba lleno.

Esa suerte dispar refleja la doble naturaleza de la vigilancia de fronteras estadounidenses con una norma de pandemia conocida como Título 42, que toma su nombre de una ley de salud pública de 1944. El presidente, Joe Biden, quería poner fin a esas normas el lunes, pero un juez federal en Luisiana emitió una orden nacional que las mantuvo intactas.

El gobierno de Estados Unidos ha hecho más de 1.9 millones de expulsiones amparándose en el Título 42, que niega la oportunidad de pedir asilo, contemplada por la ley estadounidense y tratados internacionales, con el objetivo de evitar contagios de COVID-19.

Pero el Título 42 no se aplica por igual a todas las nacionalidades. Por ejemplo, México acepta recibir a los migrantes de Honduras, Guatemala, El Salvador y México. Pero para otras nacionalidades, el alto coste, las malas relaciones diplomáticas y otras consideraciones hacen que sea difícil para Estados Unidos enviarlos de vuelta a sus países de origen según el Título 42. En lugar de eso, normalmente se les libera en Estados Unidos para que pidan asilo o recurran a otras fórmulas legales.

Los hondureños en Piedras Negras piden dinero a los cubanos que llegan a la estación de autobús, sabiendo que a los cubanos no les servirán los pesos porque pasan directamente la otro lado de la frontera. Aunque México aceptó en abril recibir a algunos cubanos y nicaragüenses expulsados según el Título 42, la gran mayoría son liberados en Estados Unidos.

“Fue entrar y salir”, dijo Javier Fuentes, de 20 años, sobre su estancia de una noche en una casa arrendada en Piedras Negras. El domingo por la mañana, él y otros dos hombres cubanos cruzaron el Río Bravo y caminaron por una carretera durante una hora hasta que encontraron un vehículo de la Patrulla Fronteriza en Eagle Pass, una población de Texas de unas 25,000 personas en la que los migrantes cruzan el río al borde de un campo de golf público.

La lluvia de la noche subió el nivel del agua hasta el cuello para la mayoría de los adultos, una posible explicación para la ausencia de grandes grupos de docenas o hasta un centenar de personas, como se suelen ver en la zona.

“La mañana ha empezado despacio”, dijo un agente de la Patrulla Fronteriza al saludar a otros oficiales que vigilaban a cuatro peruanos, incluido un niño de siete años que cruzó con sus padres tras varios días hacinados en una habitación arrendada en Piedras Negras con 17 migrantes.

Cuando el agua volvió a descender hasta la altura de la cadera, una treintena de migrantes se reunió en la orilla de un parque público que también atrae a los residentes de Piedras Negras, considerado como el lugar de nacimiento de los nachos. Había bebés y niño pequeños en el grupo que cruzaba, la mayoría migrantes hondureños.

Cristian Salgado, que duerme en las calles de Piedras Negras con su esposa y su hijo de cinco años tras huir de Honduras, dijo que la localidad fronteriza mexicana “uno de los pocos lugares donde uno puede vivir más o menos en paz”.

Pero su entusiasmo por los planes del gobierno de Biden de levantar el lunes el Título 42 se evaporó con el fallo judicial. “Ahora no hay esperanza”, dijo.