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COVID-19 y cárceles latinoamericanas: un cóctel explosivo

COVID-19 y cárceles latinoamericanas: un cóctel explosivo

COVID-19 y cárceles latinoamericanas: un cóctel explosivo


COVID-19 y cárceles latinoamericanas: un cóctel explosivo

Santiago de Chile (AP) — Las cinco torres de la cárcel de Puente Alto, de cuatro pisos cada una, se levantan en medio de la barriada más populosa y una de las más pobres de Santiago de Chile. En esa mole de cemento rodeada de alambres de púas ocurrió el mayor brote de COVID-19 en una cárcel latinoamericana: más de 300 infectados. 

Fue imposible frenar el contagio. Tras las rejas, no hay manera de rastrear la huella del coronavirus. “Son todos contactos de todos”, dijo la enfermera del presidio Ximena Graniffo. 

En América Latina más de un millón y medio de presos están sin visitas, hacinados, muchos sin agua y con poco jabón para asearse y algunos en cuarentena en celdas de castigo ante un peligroso enemigo invisible. Hasta ahora las autoridades han reportado casi 1,400 contagiados entre convictos y guardias y en torno a una veintena de muertos en distintos países. Perú, aunque no es una de las naciones con mayor población carcelaria, se ha llevado la peor parte: más de 613 casos confirmados y al menos 13 fallecidos. 

Pero también es cierto que el número de pruebas realizadas en cada país es muy distinto. Cuando República Dominicana evaluó a los reclusos en la prisión de La Victoria, que ha estado produciendo máscaras faciales protectoras para el público, las autoridades informaron que 239 resultaron positivos. En al menos otras cinco prisiones dominicanas también se han detectado contagiados.

Tal vez la prueba más completa parece estar teniendo lugar en Puerto Rico, donde el Departamento de Correcciones evaluará a los casi 9,000 reclusos detenidos en todo el territorio estadounidense, así como a 6,000 empleados, incluidos los guardias de la prisión.

México apenas ha realizado algunas pruebas y sus confirmados no alcanzan la decena.

América Latina no ha llegado todavía al pico de la pandemia pero la tensión en los penales, muchos plagados desde antes de violencia, corrupción y con autogobierno de los presos, no para de crecer. Y los motines se multiplican.

En Colombia han muerto 23 presos, se fugaron más de 1,300 en Brasil cuando se anuló una salida temporal que favorecería a unos 34,000 internos y en Argentina más un millar está en huelga de hambre.

“Esto es una bomba de tiempo”, aseguró a The Associated Press un preso del centro de México. No se refería a la epidemia. “Tengo más miedo a que con tanta restricción haya un motín”, aseguró al otro lado de la línea de uno de los objetos prohibidos más deseados en cualquier prisión, un celular, uno de los motivos por los que pidió el anonimato. 

Con las visitas suspendidas en la mayoría de los países -la causa principal de las protestas- los reclusos dependen de las encomiendas que les manden del exterior y de lo que pueden comprar en el interior de las cárceles, en el mercado negro o en las tiendas oficiales, si es que las hay. Eso sí, mucho más caro.

“Ahorita una bolsa de jabón de medio kilo cuesta 29 pesos (1.20 dólar) y antes costaba 20 (0.80 dólar)”, se quejó el mexicano de 43 años que lleva nueve recluido. En esa cárcel, como en otras, ellos mismos se encargan de la higiene de sus celdas, pero ahora con escasez de productos de limpieza. Son 12 en un calabozo de cuatro por cuatro, pero hay otros que están mucho peor. Los países a la cabeza de la superpoblación en la región, según Human Rights Watch (HRW), son Haití, Bolivia y Guatemala.

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