Nueva Batalla por la Ciudadanía por Nacimiento

El gobierno de Trump intenta nuevamente limitar la ciudadanía de niños nacidos en Estados Unidos, semanas después de un importante fallo de la Corte Suprema

WASHINGTON— La batalla por la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos vuelve a intensificarse. Apenas unas semanas después de que la Corte Suprema rechazara el intento de la administración del presidente Donald Trump de limitar de manera amplia la ciudadanía de ciertos niños nacidos en territorio estadounidense, el gobierno ha lanzado una nueva estrategia para intentar establecer restricciones en casos específicos.

Trump firmó el 6 de agosto de 2026 dos nuevas órdenes ejecutivas destinadas a limitar la ciudadanía por nacimiento en determinadas circunstancias. Las medidas se enfocan, entre otros casos, en situaciones relacionadas con ciertos ciudadanos extranjeros vinculados a gobiernos extranjeros, organizaciones internacionales o grupos designados como terroristas, así como en lo que la administración denomina “turismo de nacimiento”.

La nueva ofensiva presidencial podría provocar otra batalla en los tribunales federales y, eventualmente, llevar nuevamente el tema ante la Corte Suprema.

Pero ¿Qué dice la Constitución?

La ciudadanía por nacimiento tiene como base principal la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, ratificada en 1868.

Su Cláusula de Ciudadanía establece que las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanos estadounidenses.

Durante más de un siglo, esta disposición ha sido interpretada generalmente como una garantía de ciudadanía para los niños nacidos en territorio estadounidense, independientemente de la situación migratoria de sus padres, con algunas excepciones históricas.

Uno de los precedentes más importantes es la decisión de la Corte Suprema de 1898 en United States v. Wong Kim Ark, que confirmó la ciudadanía de una persona nacida en Estados Unidos cuyos padres eran inmigrantes chinos.

La Corte Suprema ya había rechazado el intento más Amplio. El nuevo enfrentamiento ocurre después de una importante decisión de la Corte Suprema el 30 de junio de 2026.

En Trump v. Barbara, la Corte rechazó el intento de la administración de establecer, mediante una orden ejecutiva, nuevas restricciones amplias a la ciudadanía de niños nacidos en Estados Unidos cuando sus padres se encontraban ilegalmente en el país o tenían determinados estatus migratorios temporales.

El fallo representó un importante revés para la estrategia original de la administración. Sin embargo, Trump no ha abandonado el tema. 

En lugar de intentar eliminar de manera general la ciudadanía por nacimiento para hijos de inmigrantes indocumentados o personas con visas temporales, la administración está utilizando ahora un enfoque más limitado.

Las nuevas órdenes ejecutivas buscan establecer restricciones para determinadas categorías de personas y circunstancias que, según la administración, justifican un tratamiento diferente.

La Casa Blanca sostiene que las medidas buscan proteger el significado de la ciudadanía estadounidense y combatir prácticas como el llamado turismo de nacimiento.

Pero los grupos defensores de los derechos de los inmigrantes sostienen que el presidente no puede modificar mediante una orden ejecutiva una garantía establecida en la Constitución.

La nueva política no ha quedado sin respuesta. Organizaciones de derechos civiles y grupos que defienden a inmigrantes han comenzado a presentar demandas para impedir que las nuevas restricciones entren en vigor. Los demandantes argumentan que las órdenes contradicen la Decimocuarta Enmienda y la interpretación histórica de la ciudadanía por nacimiento.

El conflicto podría terminar nuevamente ante la Corte Suprema. ¿Qué significa esto para las familias inmigrantes? Este es uno de los puntos más importantes: La ciudadanía por nacimiento NO ha sido eliminada en Estados Unidos.

En términos generales, un niño nacido en Estados Unidos continúa siendo ciudadano estadounidense al nacer bajo la legislación vigente.

La decisión de la Corte Suprema de junio también sigue siendo relevante frente al intento anterior de la administración de negar la ciudadanía basándose ampliamente en la situación migratoria de los padres.

Sin embargo, las nuevas órdenes ejecutivas crean incertidumbre para determinadas familias que podrían estar dentro de las categorías específicamente señaladas por la administración.

Por eso, las familias que esperan un bebé en Estados Unidos y tienen una situación migratoria particular deberían seguir cuidadosamente los acontecimientos judiciales y consultar con un abogado de inmigración antes de tomar decisiones basadas únicamente en titulares o  información publicada en redes sociales.

La próxima batalla se desarrollará principalmente en los tribunales.

Los jueces federales tendrán que determinar si las nuevas restricciones pueden entrar en vigor y si son compatibles con la Constitución, las leyes federales y los precedentes de la Corte Suprema. Dependiendo de las decisiones de los tribunales inferiores, el asunto podría regresar nuevamente a la Corte Suprema.

Esto significa que la ciudadanía por nacimiento seguirá siendo uno de los temas migratorios y constitucionales más importantes de Estados Unidos durante los próximos meses.

Para las familias inmigrantes, la pregunta crucial ya no es solamente “¿existe la ciudadanía por nacimiento?”, sino:¿Hasta dónde puede llegar el gobierno federal para limitarla y establecer excepciones?

Esa pregunta podría convertirse nuevamente en uno de los grandes casos constitucionales de la era Trump.