Nueva Ley “Proceso de seguros más justo y transparente” entrará en vigor el 1 de Noviembre 2025

OKLAHOMA CITY – Los residentes de Oklahoma tendrán protecciones más fuertes contra las prácticas inadecuadas de seguro posteriores a la pérdida bajo el Proyecto de Ley 1084 de la Cámara de Representantes, escrito por el representante Mark Tedford, R-Jenks.

HB1084 bloquea la solicitud o aceptación de acuerdos de cesión para beneficios de seguro posteriores a la pérdida relacionados con daños a la propiedad bajo pólizas de seguro de propiedad automotriz, residencial o comercial. Estos acuerdos suelen ser utilizados por los proveedores de servicios para tomar el control de la reclamación de un asegurado y solicitar el pago directamente a las aseguradoras, lo que a veces conduce a costos inflados o disputas legales sin que el titular de la póliza lo sepa plenamente.

"Limitar este tipo de acuerdos ayuda a reducir el fraude y los conflictos legales innecesarios, lo que en última instancia ayuda a reducir los costos del seguro para todos", dijo Tedford. "Cuando terceros toman el control de un reclamo, puede resultar en costos de reparación inflados, litigios excesivos y confusión para el titular de la póliza. El proyecto de ley 1084 de la Cámara de Representantes ayuda a restaurar la responsabilidad y garantiza que los habitantes de Oklahoma mantengan el control de sus propios reclamos. Es un paso práctico hacia un proceso de seguros más justo y transparente".

La HB1084 incluye exenciones claras para garantizar que no interfiera con transacciones legítimas, como las que involucran a instituciones financieras aseguradas por el gobierno federal, hipotecas o propietarios posteriores. También mantiene las protecciones para los servicios legales y no impide que las personas aseguradas elijan que el pago se realice directamente a los proveedores de servicios cuando corresponda.

Las violaciones del proyecto de ley se tratarían como prácticas comerciales desleales o engañosas según la ley de seguros de Oklahoma, lo que haría que los infractores estuvieran sujetos a las sanciones y mecanismos de aplicación existentes.

El proyecto de ley entrará en vigor el 1 de noviembre de 2025.